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Alberto Rodríguez pide al Tribunal Supremo que suspenda la condena que lo inhabilita como diputado

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El representante de Podemos, sancionado por atentar contra un agente de la autoridad, reprende a la presidenta del Congreso por retirarle el acta


El Exdiputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, ha solicitado al Tribunal Supremo la suspensión provisional de la ejecución de la sentencia, según ha publicado el periódico La Vanguardia. El exdiputado fue condenado, por atentar contra un agente de la autoridad en una manifestación en el año 2014, a la pena de prisión de un mes y medio. Esta condena, que trae consigo la inhabilitación del derecho de sufragio pasivo durante el periodo de prisión, se resolvió con una multa de 540 euros, en vez de con la pena de prisión.


Actuando conforme dictó el Tribunal Supremo, la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, procedió, el pasado viernes, a retirarle el acta de diputado a Alberto Rodríguez. Fue el propio presidente de la Sala del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, el que mandó un escrito a la presidenta del Congreso pidiéndole que enviara al Tribunal Supremo el informe sobre la fecha de inicio de cumplimiento de la pena de inhabilitación del derecho de sufragio pasivo, impuesta al exdiputado de Podemos.


Después de esta inhabilitación, Alberto Rodríguez pidió explicaciones a Batet por su retirada del acta de diputado. Ahora, ha solicitado al Alto Tribunal que suspenda la ejecución de su condena de manera temporal. En el escrito enviado también se acusa a Meritxell Batet de haber tomado una decisión que correspondía tomar a los jueces "prescindiendo del principio de separación de poderes".


El exdiputado de podemos, según publicaciones de eldiario.es, ha contado para su defensa con los abogados Gonzalo Boye e Isabel Elbal, los cuales denuncian que "se ha comenzado la ejecución sin dar pie a que mi mandante pudiese acudir a los únicos remedios previstos en nuestro ordenamiento frente a sentencias dictadas en única instancia" en alusión a un incidente de nulidad y después un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. En el escrito los abogados de Rodríguez son tajantes a la hora de afirmar que su defendido no va a solicitar un indulto.

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